✅ Victoria laboral frente a la Administración Pública. El Juzgado de lo Social nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia ejemplar estimando íntegramente la demanda presentada por nuestra clienta, condenando a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias al pago de 13.223,43 € por diferencias salariales derivadas del desempeño de funciones de superior categoría.
📌 ¿Cuál era el conflicto laboral?
Nuestra clienta, con una amplia trayectoria como personal laboral fijo, venía desempeñando desde hace años funciones propias de un Titulado Superior (Grupo I – A1), a pesar de tener reconocida una categoría inferior (Titulado Medio, Grupo II). Sus responsabilidades incluían la tramitación y ejecución de expedientes complejos, la elaboración de normativas y resoluciones, y la formación de coordinadores que desconocían el funcionamiento del servicio, asumiendo tareas de alta responsabilidad sin la retribución correspondiente.
⚖️ Claves de la defensa laboral
🔹 Pruebas sólidas y bien estructuradas, tanto documentales como testificales, acreditaron de forma clara que las funciones realizadas correspondían a una categoría superior.
🔹 Reconocimiento por parte de la propia Administración, que dictó una resolución en 2022 asignándole temporalmente las funciones del puesto de Titulado Superior, evidenciando que dichas tareas no eran ocasionales ni accidentales.
🔹 Aplicación del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a abonar la retribución correspondiente a las funciones efectivamente realizadas, garantizando la protección salarial del trabajador.
🏆 Resultado: éxito total para la trabajadora
✔️ Estimación íntegra de la demanda, reconociendo el derecho a percibir las diferencias salariales reclamadas por el desempeño de funciones superiores durante el periodo julio 2021 – noviembre 2022.
✔️ Condena a la Administración al pago de intereses de demora, conforme al artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores, protegiendo el derecho del trabajador a ser compensado por el retraso en el pago.
💼 Conclusión: proteger los derechos salariales frente a abusos funcionales
Este caso demuestra que la movilidad funcional sin el correspondiente ajuste salarial vulnera los derechos laborales, incluso en el ámbito de la Administración Pública. Gracias a una estrategia jurídica rigurosa y fundamentada, conseguimos proteger los derechos de nuestra clienta y obtener una sentencia ejemplar que refuerza el principio de igualdad retributiva.